¿Qué es la Ley 2/2023?
Ley 2/2023
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, constituye una de las reformas más significativas en el ámbito del compliance y la transparencia en España. Esta ley, conocida también como la «Ley de protección al denunciante«, se inspira en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, que busca garantizar que cualquier persona que denuncie actos ilícitos o corruptos no sufra represalias y reciba la protección adecuada.
El objetivo principal de la ley es establecer un marco normativo que permita a los denunciantes informar sobre conductas irregulares de manera segura y confidencial. La normativa exige la creación de canales internos de denuncia y asegura medidas de protección para los denunciantes frente a cualquier tipo de represalia, como el despido injustificado, la discriminación o cualquier forma de perjuicio laboral. Además, se contemplan sanciones para aquellas entidades que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
¿Cuándo implementar la Ley 2/2023?
La implementación de la Ley 2/2023 debe ser prioritaria para las organizaciones, especialmente considerando los plazos establecidos por la misma. Todas las empresas y entidades públicas deben cumplir con los requisitos de esta ley desde el momento de su entrada en vigor, el 13 de marzo de 2023. Sin embargo, la ley otorga un período de adaptación para aquellas organizaciones que necesiten tiempo para establecer los mecanismos y procesos necesarios para el cumplimiento.
En el caso de las empresas con más de 50 empleados, se espera que los canales de denuncia estén operativos a más tardar el 17 de diciembre de 2023. Las entidades públicas también deben cumplir con estos plazos. No obstante, para las empresas más pequeñas, con entre 50 y 249 empleados, se otorga una prórroga adicional hasta el 17 de diciembre de 2024.
¿A quién le afecta esta legislación?
La Ley 2/2023 afecta a una amplia gama de entidades tanto en el sector público como en el privado. Específicamente, están obligadas a cumplir con esta ley:
- Empresas privadas: Todas las empresas que cuenten con 50 o más empleados deben implementar los canales internos de denuncia y asegurar la protección de los denunciantes.
- Entidades públicas: Todas las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, autonómicas y nacionales, están obligadas a cumplir con la normativa.
- Partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales: Independientemente de su tamaño, estas entidades deben establecer canales de denuncia y garantizar la protección de los denunciantes.
- Fundaciones y asociaciones: Aquellas entidades que reciban fondos públicos o que tengan una estructura significativa también están obligadas a cumplir con los requisitos de la ley.
¿Cómo implementarla?
La implementación de la Ley 2/2023 requiere un enfoque estratégico y meticuloso, abarcando varios aspectos clave:
- Creación de canales de denuncia: Las organizaciones deben establecer canales internos de denuncia que permitan a los empleados y otras partes interesadas informar sobre infracciones de manera segura y confidencial. Estos canales pueden ser digitales o físicos, pero deben garantizar la privacidad del denunciante.
- Designación de un responsable: Es fundamental nombrar a una persona o equipo responsable de gestionar las denuncias y asegurar el cumplimiento de la ley. Esta persona debe tener la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo su función de manera efectiva.
- Protección del denunciante: Las organizaciones deben implementar medidas claras para proteger a los denunciantes contra cualquier forma de represalia. Esto incluye políticas contra el despido injustificado, la discriminación y otras formas de perjuicio.
- Capacitación y concienciación: Es crucial proporcionar formación adecuada a todos los empleados sobre la importancia de la ley, los canales de denuncia disponibles y las medidas de protección para los denunciantes. Esto asegura que todos los miembros de la organización estén informados y comprometidos con el cumplimiento de la normativa.
- Monitoreo y evaluación: Las organizaciones deben establecer mecanismos para monitorear y evaluar continuamente la efectividad de los canales de denuncia y las medidas de protección. Esto puede incluir auditorías internas y revisiones periódicas de los procedimientos.
Software de GRCTools para saber más sobre la Ley 2/2023
La tecnología juega un papel crucial en el cumplimiento de la Ley 2/2023. El uso de herramientas de software especializadas puede facilitar la implementación y gestión de los requisitos normativos. Una de las soluciones más completas en el mercado es el Software Canal de Denuncias de GRCTools.
GRCTools ofrece una plataforma integral que ayuda a las organizaciones a establecer y gestionar sus canales de denuncia de manera eficiente y segura. Entre sus características destacadas se incluyen:
- Canales de denuncia seguros: Proporciona una interfaz amigable y segura para que los empleados y otras partes interesadas puedan reportar infracciones de manera confidencial.
- Gestión de casos: Facilita la administración de denuncias desde la recepción hasta su resolución, asegurando un seguimiento adecuado y la protección del denunciante.
- Reportes y análisis: Permite generar informes detallados y análisis sobre las denuncias recibidas, ayudando a identificar patrones y áreas de riesgo.
- Cumplimiento normativo: Asegura que todos los procedimientos estén alineados con los requisitos de la Ley 2/2023 y otras normativas relevantes.
- Capacitación y soporte: Ofrece recursos educativos y soporte técnico para ayudar a las organizaciones a implementar y mantener sus sistemas de denuncia.
